La administración de Peña Nieto adjudicó directamente 70% de sus contratos

La administración de Peña Nieto adjudicó directamente 70% de sus contratos

Aunque esta modalidad está permitida por la ley, solo debería ser utilizada en circunstancias excepcionales. Si bien, por sí sola no significa que haya corrupción, sí abre la puerta para que esto ocurra, según el IMCO.

El 70 por ciento de los contratos del Gobierno actual se han asignado mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia de por medio.

Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual elaboró un “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” en el que analizó 700 mil procedimientos de contratación.

La conclusión del estudio refiere que 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron directamente, por lo que estos obtuvieron el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron entre los años 2012 y 2016.

Si bien, esto no significa que haya corrupción, sí advierte sobre un alto riesgo de que esta ocurra, según el IMCO.

Lo que el organismo detectó en el análisis que realizó durante un año, es que a través de Compranet, se advierten tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.

Por ejemplo, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y, por tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al Gobierno.

Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.

El cambio de los principales proveedores entre un sexenio y otro también fue muy evidente.

Por citar un caso: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, solo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.

En contraste, las 73 compañías que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.

Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, considera que un factor que habría facilitado las asignaciones directas, es que, al principio de esta administración federal se tenía la intención de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública lo que permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control (OIC).

“Por lo tanto, a la hora de empezar a hacer las contrataciones, dicen ‘bueno, no importa si lo contrato a empresas que están sancionadas, y tampoco importa si lo hago a empresas que no tienen RFC, y tampoco importa si lo hago a empresas que no han cumplido en contratos anteriores, tampoco importa si lo hago con empresas con las que hay conflicto de interés, porque nadie me está fiscalizando”, advirtió.

Cabe señalar que, aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, considerando circunstancias, como que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional de por medio.

(Con información de Reforma)

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