Tras un gasto de 47 millones de pesos para mantenerlo durante 19 meses fuera del País con el objetivo de concretar su venta, el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” llegó ayer a México sin una propuesta formal para su adquisición.
La aeronave, conocida como TP-01, trae consigo una deuda que el Gobierno federal debe liquidar con el Banco Nacional de Obras (Banobras) por 2 mil 45 millones pesos, de acuerdo al plan de pagos.
En 2012, el Gobierno federal pagó 2 mil 952 millones de pesos por el Boeing 787 Dreamliner, de los cuales mil 688 millones fueron por la compra del aparato y el resto para el equipamiento, adecuaciones y certificaciones.
Banobras desembolsó los recursos para darlo en arrendamiento a 15 años a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que pagaría el monto total del avión y los intereses, cerca de 6 mil millones de pesos.
El Gobierno federal decidió dejar de pagar a Banobras a partir de enero de 2020, por lo que ya no incluyó en el Presupuesto de este año la partida anual de más de 400 millones de pesos.
De acuerdo con la Sedena, hasta diciembre de 2019 había pagado a Banobras 2 mil 128 millones 396 mil 196 pesos, sin embargo, se calcula que solamente 906 millones de pesos fueron a capital y el resto a intereses, por lo que la deuda al banco gubernamental aún es de 2 mil millones de pesos.
Para cumplir con el deseo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de deshacerse del avión, el banco nacional y la Defensa tuvieron que modificar el contrato de arrendamiento.