Ciudad de México.- Bajo el título “A 17 años de las políticas del fracaso: la despenalización del aborto en México”, la organización social Una Vida, Una Infancia, Una Protección (UNNA) presentó un estudio que aborda el impacto real en las mujeres de México, principalmente en aquellas embarazadas, derivado de la eliminación del delito de aborto en algunas normas locales.

UNNA plantea seis premisas fundamentales con la participación de los abogados Ingrid Tapia, experta en derecho constitucional; Abraham Madero y Vincent Morfin, así como el maestro Cándido Pérez, especialista en política pública.

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El documento, que plantea una serie de conclusiones desde la perspectiva de la investigación médica, social y jurídica, concluye que, tres lustros después de la primera modificación a la definición de aborto en la legislación mexicana, las mujeres del país no solo no han visto mejorar su situación en cuanto a sus necesidades más apremiantes—salud, educación, empleo, seguridad y justicia—, sino que estas se han agravado.

El verdadero derecho de las mujeres a decidir descansa irremediablemente en la existencia de condiciones económicas, sociales y de justicia hacia la maternidad. Si no se proveen esas políticas públicas, lo que se revela es un “Estado claudicante” por el abandono a las mujeres embarazadas.

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Las seis premisas del reporte son las siguientes:

La norma nacional e internacional no regula el aborto como un derecho. No existe el derecho al aborto.
La principal causa de muerte materna en México no es el aborto. La baja o nula calidad de los servicios de salud, la falta de atención a emergencias obstétricas y a enfermedades y padecimientos durante el embarazo, las limitadas o inexistentes consultas médicas periódicas por personal calificado, entre otros factores relacionados, son los que provocan el mayor número de muertes antes, durante y después del parto.
El aborto no ha resuelto ni resolverá los principales problemas de salud, discriminación, seguridad, protección y empleo que enfrentan adolescentes y mujeres, principalmente las embarazadas. Solo contribuye a invisibilizarlos y posterga su atención.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaría extralimitando en sus facultades.
El delito de aborto no criminaliza a las mujeres. La finalidad del delito es proteger a las mujeres y el derecho a la vida de niñas y niños por nacer, con la protección que merece todo ser humano. Actualmente, el 92 por ciento de los casos de aborto que resultan en prisión en el fuero común involucran a hombres, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Información Penitenciaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Una política nacional integral a favor de la maternidad y de las mujeres en general permitirá equilibrar la balanza que históricamente se ha inclinado en su contra por la ausencia de normas, planes, programas y políticas que les brinden el acercamiento y apoyos necesarios en los momentos clave de su vida.

Por su parte, con información de la investigación académica y estadística, el maestro Cándido Pérez señaló que la agenda del aborto no ha logrado mejora alguna en la calidad de vida de las mujeres embarazadas.