Un juez federal admitió hoy a trámite el primer amparo que impugna aspectos del llamado “Plan B” de reformas electorales, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió una demanda que cuestiona la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre, por la cual los estados y municipios solo pueden dedicar 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Este tope no existía en la versión anterior de la LGCS, y fue impugnado por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), una de varias que agrupan a gobiernos locales del País.
Si bien el juez admitió el amparo, se negó a conceder una suspensión provisional para frenar la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio. La AMMAC puede impugnar este fallo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito.
Según la AMMAC, el tope de 0.1 por ciento, y la exigencia de que una Unidad Administradora del gobierno estatal respectivo verifique previamente los programas de comunicación social de los municipios, viola reglas del articulo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.
La priista Nayeli Gutiérrez Gijón, opositora al dirigente nacional de ese partido, Alejando Moreno, es Presidenta Ejecutiva de la AMMAC, en cuya junta directiva participan alcaldes de varios partidos.
Las reformas a la LGCS, que entre otros puntos modifico el concepto de propaganda gubernamental para que no se sancione a los funcionarios por las opiniones que expresan, así como cambios a la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, fueron la única parte del “Plan B” que el Congreso pudo aprobar en diciembre.
Cuatro partidos de oposición y las minorías en las Cámaras de Diputados y Senadores ya presentaron acciones de inconstitucionalidad para impugnar ambas leyes ante la Suprema Corte de Justicia.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno estatal de Coahuila, y municipios de oposición como Durango, Hermosillo, Guanajuato, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Campeche, Querétaro y Mérida, ya también promovieron controversias constitucionales ante la Corte contra la misma reforma, pero todos estos recursos están pendientes de admisión en el máximo tribunal.
Esta por verse si el Ministro o Ministra instructora concederá una suspensión, lo que en principio es muy poco probable, pues la Corte no puede suspender las leyes mientras analiza su Constitucionalidad.
Eventualmente, la Corte también tendría que revisar las sentencias que dicten en primera instancia los jueces que tramiten amparos, que están en proceso de ser presentados por asociaciones civiles y grupos de litigio estratégico.
La parte central del “Plan B“, que incluye una amplia reforma para adelgazar la estructura del INE, así como para modificar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solo fue aprobada en fast track en diciembre por la Cámara de Diputados, pero está pendiente su aprobación en el Senado, por lo que aún no ha sido promulgada ni publicada, y por tanto no puede ser impugnada ante el Poder Judicial.
Tomado de el Reforma