La agresión reciente contra Javier Corral en el aeropuerto de Chihuahua no puede leerse como un simple acto de violencia aislado. Es el eco de una gestión que sembró enemistades más allá de las estructuras políticas. Corral construyó su figura como justiciero, pero terminó dejando una percepción generalizada de revanchismo, selectividad y simulación. Lo que debía ser una cruzada contra la corrupción se convirtió en una guerra personal, con blancos bien definidos y omisiones convenientes, como lo evidencian los Expedientes X, en los que el empresario Lalo Almeida resultó involucrado.
Es justamente ese pasado lo que regresa ahora en forma de reclamos físicos y simbólicos. La confrontación con Almeida no solo revela viejas tensiones no resueltas, sino que pone sobre la mesa la fragilidad del discurso moralista de Corral. Años después de dejar el cargo, el rechazo social persiste, y la constante necesidad de escoltas y protección expone el verdadero saldo político de su mandato: un terreno minado por agravios, donde la figura del exgobernador no despierta respeto, sino animadversión.
Este tipo de incidentes deberían servir como advertencia sobre el costo de ejercer el poder sin construir legitimidad social. Cuando los procesos de justicia se conducen desde la venganza y no desde el Estado de Derecho, los resultados terminan volviéndose personales. Corral no enfrenta hoy una agresión aislada: enfrenta el resultado de haber gobernado sin puentes, con enemigos en todos los frentes y aliados que, en su mayoría, ya no están.
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El caso de Andrea Chávez pone en evidencia una de las contradicciones más graves del ejercicio político actual: destruir desde El Senado y El Congreso lo que luego se pretende «reparar» con propaganda desde el territorio. Como legisladora, votó a favor de los recortes presupuestales en salud, respaldó la centralización del sistema en IMSS-Bienestar, y avaló un modelo que ha sido señalado por desabasto de medicamentos, falta de atención oportuna y la desaparición del Seguro Popular. Sin embargo, hoy se presenta como promotora de supuestos servicios médicos gratuitos a través de caravanas de salud, financiadas con recursos públicos y operadas por un contratista cercano a altos mandos de Morena.
El contraste no es menor: mientras los hospitales carecen de insumos y personal, Latinus reveló que cada servicio de estos camiónes cuesta 10 millones de pesos mensuales, los cuales se destinan a una estrategia de presencia territorial con fines políticos. La revelación de que estas unidades móviles son propiedad de un empresario ligado a Adán Augusto López, y que han sido utilizadas por Chávez desde hace dos años, apunta a un uso sistemático del presupuesto público para posicionar su imagen en Chihuahua, rumbo a una posible candidatura a la gubernatura.
Lo alarmante no es solo el posible uso electoral, sino la naturalización de una política que primero debilita el Estado y luego simula compensarlo con medidas asistencialistas temporales. Si la salud pública fue deliberadamente golpeada desde el Congreso cuando ella fue diputada, intentar hoy capitalizar su ruina con camionetas disfrazadas de solución no es una estrategia: es cinismo institucionalizado.
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La pregunta que lanzó la diputada América Aguilar durante la evaluación de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue tan oportuna como necesaria: ¿puede alguien que aspira a defender derechos universales separar su convicción personal de su deber institucional? En el centro de ese cuestionamiento está el derecho al aborto seguro, tema que, pese a su resolución legal desde la Suprema Corte, sigue siendo un campo de tensión entre la ley y las creencias individuales.
La respuesta de Georgina Bujanda no fue creíble, pero reveladora en el fondo. Reconoció que no se representa a sí misma y que debe acatar lo que la ley establece. Sin embargo, esa formulación, aunque jurídicamente sólida, dejó abierta la duda sobre el grado de compromiso activo que tendría una presidencia de la CEDH ante violaciones a los derechos reproductivos. La defensa de los derechos humanos no solo requiere neutralidad legal, sino una posición firme frente a la resistencia cultural e institucional que aún existe.
Este proceso de selección debe verse con lupa, no solo por las credenciales técnicas de los aspirantes, sino por su capacidad de enfrentar, con independencia y claridad, los dilemas éticos del poder. Porque los derechos humanos no se defienden a medias ni con reservas morales: se garantizan, se exigen y se protegen. De lo contrario, la Comisión corre el riesgo de convertirse en un órgano decorativo, más atento a no incomodar que a incomodar al poder cuando es necesario.
