Solicitud de la Cámara de Diputados para desestimar acciones sobre la reforma judicial
La Cámara de Diputados envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito solicitando el desechamiento de cinco acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma judicial. La Corte analizará estas acciones en su sesión programada para el martes, en la que se podría determinar si se invalidan ciertas partes de la reforma.
La solicitud de la Cámara se fundamenta en la reciente reforma constitucional publicada el jueves pasado, que declara improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar adiciones o modificaciones a la Constitución. El segundo artículo transitorio establece que esta disposición se aplica a los asuntos que aún se encuentren en trámite.
Fuentes de la SCJN informaron que el primer punto a tratar en la sesión del Pleno será la procedencia del sobreseimiento. Sin embargo, algunos ministros podrían argumentar que estas acciones ya no están en trámite, ya que el Ministro Juan Luis González Alcántara distribuyó el proyecto de sentencia entre sus colegas el 28 de octubre, previo a la publicación de la reforma.
Para rechazar la solicitud de sobreseimiento, se requerirá el voto de al menos seis de los 11 ministros. De ser aprobada la discusión de los temas, la Corte podría abordar el fondo de las acciones, en el que el proyecto de González Alcántara sostiene que las reformas constitucionales pueden ser revisadas y, en su caso, anuladas si contravienen principios fundamentales.
El proyecto también propone validar la elección por voto popular de Ministros de la SCJN y de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, mientras que rechaza la elección de otros jueces y magistrados por no garantizar su independencia y capacidad.
Finalmente, la Corte debe atender una controversia pendiente bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no sería impactada por la reforma de «supremacía constitucional» y está asignada al Ministro Alberto Pérez Dayán.
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