El 9 de diciembre de 2021, 55 personas fallecieron al estrellarse en Chiapas de Corzo, Chiapas, el tráiler en que viajaban, sin que hasta el momento haya un solo detenido o se haya responsabilizado a alguien por ese crimen, a pesar de que investigan la fiscalía estatal y la FGR.
El pasado 27 de junio, en San Antonio, Texas, murieron por asfixia y calor 53 de 70 migrantes que eran transportados en un tráiler y por ese hecho ya han sido acusadas cuatro personas, entre ellas el conductor del tractocamión.
En Chiapas de Corzo, las autoridades mexicanas fueron incapaces de detener al conductor del tráiler, quien huyó, presumiblemente herido, luego de chocar el vehículo a exceso de velocidad.
En la FGR, la carpeta de investigación fue abierta por los delitos de tráfico de personas agravado, asociación delictuosa, homicidio culposo, lesiones culposas, daño en propiedad ajena y delitos cometidos por servidores públicos.
Pero hasta el momento no ha dado a conocer ningún avance en las investigaciones, salvo que, al mes de abril pasado, ya había gastado casi medio millón de pesos para dar seguimiento al caso: 67 mil 966 pesos en boletos de avión, 134 mil 513 pesos en viáticos y 278 mil 250 pesos en un concepto que fue registrado como “gastos de seguridad nacional”.
En contraste, en EU, el día en que fue encontrado el tráiler a las afueras de San Antonio, fue detenido el conductor, identificado como Homero Zamorano, cuando se escondía entre la maleza y pretendía hacerse pasar por uno de los sobrevivientes.
Las autoridades estadounidenses corroboraron su identidad al cotejar las fotografías obtenidas en las casetas por donde cruzó.
De inmediato se localizó a uno de sus cómplices, Christian Martínez, de 28 años, cuyo vínculo fue establecido por mensajes telefónicos que intercambiaron sobre los migrantes.
Los investigadores también identificaron y detuvieron a los propietarios del vehículo, a quienes, además, encontraron armas de fuego.
Pero no sólo EU ha puesto en evidencia la impunidad mexicana, las autoridades de República Dominicana informaron el 22 de diciembre de 2021, dos semanas después del accidente de Chiapas de Corzo, la desarticulación de una red de traficantes que estuvo involucrada en el traslado de al menos tres de sus nacionales fallecidos en el choque.
Un juez ya dictó un año de prisión preventiva contra cinco de los responsables, pero en México siguen con su negocio sin que nada ni nadie los detenga y menos los procesen conforme a la ley.
Tomado de el Reforma