El Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) enfrenta una tormenta administrativa que no solo pone en riesgo su operación, sino que también podría llevar a su director, José Raúl Terrazas García, y a su equipo financiero a enfrentar serias consecuencias legales. El retraso en los pagos a proveedores, que se extiende por más de tres meses, es apenas la punta del iceberg en una problemática que refleja desorganización y falta de visión en la gestión pública.
El problema no se limita a los adeudos con proveedores de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento del instituto. Lo realmente delicado es el incumplimiento en los pagos de convenios judiciales y extrajudiciales, muchos de ellos procesados por el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA). Este incumplimiento no solo pone en peligro las finanzas públicas, sino que, según la ley, implica responsabilidades claras para los funcionarios involucrados.
La ley de responsabilidades de los servidores públicos es explícita: los actos u omisiones que causen un daño al erario pueden derivar en inhabilitaciones, sanciones económicas y hasta acciones penales. Si el ICHISAL no paga los convenios judiciales en tiempo y forma, no solo debe cubrir los montos principales, sino también intereses acumulados, lo que podría representar un costo adicional de cientos de millones de pesos. Este descalabro financiero es un golpe directo a la hacienda pública, y la irresponsabilidad en la programación de pagos podría tener consecuencias legales severas para el director y su equipo.
La pregunta que surge es si esta administración subestima las consecuencias legales de sus decisiones o si simplemente ignora las implicaciones. La creencia de que por ser gobierno se está exento de embargos o sanciones legales es un error que podría costar caro. La posibilidad de enfrentar inhabilitaciones o incluso sanciones penales debería ser suficiente para encender las alarmas en el ICHISAL, pero la falta de reacción sugiere lo contrario.
Esta situación no es un tema menor. Es un llamado de atención para quienes supervisan la gestión pública. Permitir que una institución clave como el ICHISAL entre en este nivel de crisis administrativa no solo afecta a los proveedores y al sistema judicial, sino que también erosiona la confianza pública en la capacidad del gobierno para manejar recursos y cumplir con sus obligaciones. La administración pública no es una improvisación; es un ejercicio de responsabilidad, y este caso está poniendo esa premisa en entredicho.
Es hora de que quienes lideran esta institución y sus supervisores directos enfrenten la realidad. De lo contrario, los costos no solo serán financieros, sino también políticos, legales y, sobre todo, sociales.
