Expertos han manifestado su preocupación ante el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible desaparición de órganos autónomos como el INAI, la Cofece, la CRE y el IFT, argumentando que esta medida vulneraría derechos y representaría un retroceso autoritario para el país.
Jacqueline Peschard, ex presidenta del IFAI (ahora INAI), señaló que la Constitución establece la necesidad de un órgano autónomo y especializado para garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales. La propuesta del Presidente de reemplazar estas funciones con entidades como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación no cumpliría con este mandato constitucional.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, calificó la iniciativa como un ataque a instituciones que resultan incómodas al Gobierno y cuestionó la ausencia de la CNDH en la lista de organismos a desaparecer. También destacó la inesperada propuesta de eliminar la Cofece, un ente clave en gobiernos progresistas, lo que plantea interrogantes sobre posibles alianzas empresariales para el financiamiento de campañas en 2024.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, enfatizó la importancia de mantener el acceso a la información en manos de un ente autónomo en una democracia. Advirtió sobre posibles conflictos de interés si la responsabilidad de determinar qué información se divulga recae en una secretaría del Ejecutivo, especialmente en periodos electorales.
Se ha destacado que el presupuesto conjunto de estos órganos para el 2024 representa una fracción mínima (0.04%) del presupuesto federal. Comparativamente, el financiamiento público a los partidos políticos para el mismo año supera ampliamente estas cifras. Además, se ha señalado que contratos menores de megaproyectos gubernamentales han absorbido cantidades significativamente mayores que los presupuestos de estos organismos.
La posible desaparición de estos órganos autónomos requeriría una reforma constitucional, aunque su eliminación no suprimiría la necesidad de sus funciones técnicas y especializadas. En ese sentido, gran parte del personal y activos serían heredados por dependencias del Poder Ejecutivo, manteniendo un costo similar al actual, pero con una diferencia crucial: estarían subordinados directamente al Presidente López Obrador.