En México, el uso de explosivos bélicos y drones modificados ha incrementado en los últimos años, reflejando una sofisticación en los métodos del crimen organizado. Desde hace seis años, ataques con explosivos, similares a los empleados en conflictos internacionales, han cobrado vidas de campesinos, policías y militares. Esta tendencia se ha intensificado en los últimos tres años con el uso de minas antipersonales y artefactos lanzados desde drones.
Un caso reciente ocurrió el 16 de diciembre en Cotija, Michoacán, donde dos militares fallecieron al detonar una mina durante un patrullaje en una zona rural. En Tamaulipas, el 14 de noviembre, el crimen organizado utilizó drones con explosivos, dejando cuatro policías estatales heridos en los municipios de San Fernando y Río Bravo. Los ataques no se limitan a las fuerzas armadas; el 5 de marzo, tres jornaleros perdieron la vida al activar una narcomina en Tumbiscatío, Michoacán.
El uso de estas armas no se restringe a una región. Guanajuato, Chiapas, Guerrero y Sinaloa también han registrado ataques con explosivos. Grupos como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de la Huacana han instalado talleres para fabricar ojivas y otros dispositivos explosivos que son adaptados a drones.
Expertos señalan que la evolución de estas tácticas se debe en parte al reclutamiento de militares de élite, tanto mexicanos como extranjeros, provenientes de países como Guatemala y Colombia. David Saucedo, consultor en seguridad, destacó que estos profesionales de la guerra forman parte de los anillos de seguridad de los cárteles y entrenan a sus integrantes en técnicas aprendidas durante su servicio militar.
El uso de estas estrategias refleja una creciente capacidad técnica del crimen organizado, que continúa afectando diversas zonas del país y dejando víctimas tanto civiles como militares.
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