Nueva York— Los narcotraficantes chinos dieron algunos consejos a sus compradores estadounidenses de fentanilo: se lo enviaremos por correo ordinario. Puede ser más lento que FedEx o UPS, pero es mucho más probable que el opioide llegue a su destino a través del Servicio Postal de Estados Unidos.
Estos cibertraficantes de drogas escribieron a sus clientes con sede en Estados Unidos, en correos electrónicos que luego fueron descubiertos por investigadores federales –ya que las compañías privadas de entrega rastrearon electrónicamente los paquetes–, lo que permitió la fácil identificación del correo de direcciones sospechosas y creó un rastro fácil de seguir que conectaba a vendedores y compradores de fentanilo ilegal.
El Servicio Postal durante años no instituyó salvaguardas similares, y el tráfico del opioide a través de las fronteras de la nación no ha parado por completo a pesar de la proclamación de una legislación que obliga a que se le ponga un alto.
El 15 por ciento de todos los paquetes de China todavía no son rastreados electrónicamente, y la cifra aumenta al 40 por ciento para los paquetes de todo el mundo que ingresan a Estados Unidos.
“¿Qué sabemos acerca de estos paquetes que están llegando?”, dijo Frank Russo, director del puerto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en una entrevista.
“Cuando se habla de un millón de paquetes al día”, dijo, señalando la cantidad de correo internacional que llega tan sólo a JFK, “el 40 por ciento es una gran cantidad”.
El miércoles pasado, la administración Trump sancionó a tres ciudadanos chinos acusados de tráfico de fentanilo, identificando a dos de ellos como “traficantes de narcóticos extranjeros de alto perfil”.
El subsecretario del Tesoro para el Combate al Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo que los “traficantes chinos” contribuyeron directamente a la crisis de adicción a los opioides de la nación al enviar cientos de paquetes de opioides sintéticos a Estados Unidos.
Cuatro años después de que comenzara la epidemia de fentanilo en el 2013, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no contaba con suficientes oficiales o espectrómetros portátiles que pudieran detectar la droga para frenar el flujo del opioide sintético, según informes y entrevistas del Gobierno.
Los perros tampoco fueron entrenados para detectar el fentanilo en ninguno de los puertos de entrada, incluso por correo, hasta el 2017.
Eso fue dos años después de que la Administración contra las Drogas (DEA) alertara que el medicamento se estaba ordenando por Internet y era enviado directamente a los buzones de Estados Unidos desde China o era contrabandeado en vehículos o contenedores a través de la frontera con México.
El fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína, ha alimentado la epidemia de drogas más mortal en la historia de Estados Unidos.
Desde el 2013 hasta el 2017, más de 67 mil personas murieron de sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, la mayoría de ellas por fentanilo. En el 2018, otros 31 mil 473 estadounidenses murieron, según las últimas cifras disponibles de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Si bien las sobredosis de opioides recetados disminuyeron el año pasado, las muertes por fentanilo aumentaron, según datos provisionales en un informe de CDC publicado en julio. El fentanilo es la tercera ola de la epidemia de opioides, que comenzó con píldoras recetadas, migró a la heroína y luego se transformó en la crisis actual.
En respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001, el Congreso aprobó una ley en el 2002 que exige datos electrónicos avanzados sobre cada paquete que ingresa a Estados Unidos a través de empresas comerciales, como UPS y FedEx. Los legisladores temían que los terroristas pudieran enviar armas biológicas y de otro tipo al país, y necesitaban de un método para rastrear paquetes sospechosos.
Pero la legislación eximió al Servicio Postal, que temía que las nuevas regulaciones desaceleraran los envíos y entregas, o que resultaran demasiado costosas de implementar. Según la ley, se suponía que los secretarios de la Tesorería y Seguridad Nacional debían consultar con el director general de Correos de Estados Unidos para determinar si era “apropiado” que el Servicio Postal requiriera los datos de rastreo.
Dicha consulta nunca ocurrió, según funcionarios del Gobierno.