El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha revivido su “Plan A” de reforma electoral, que incluye cambios significativos en la configuración del Senado y la conformación de instituciones electorales. La propuesta actual busca que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por los ciudadanos.
En comparación con su propuesta de abril de 2022, la versión actual presenta un cambio significativo en la conformación del Senado. Mientras que en la propuesta anterior planteaba la reducción de 128 a 96 senadurías, la nueva propuesta sugiere que solo haya 64 senadores de mayoría, eliminando tanto la figura de la primera minoría como las plurinominales.
El Presidente propone que “el Senado de la República se integrará por 64 senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa”.
En cuanto a la Cámara de Diputados, la propuesta elimina a los 200 diputados plurinominales, dejando únicamente 300 legisladores electos por mayoría.
Además, López Obrador persiste en su objetivo de transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que absorbería las actividades de los 32 organismos electorales locales, manteniendo la intención de desaparecer sus juntas locales y distritales. Lo mismo se aplicaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que asumiría las funciones de los 32 tribunales estatales, aunque se mantendrían las salas regionales.
La nueva propuesta reduce el número de perfiles que deben presentar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pasando de 20 a 10 perfiles por cada uno. La elección de consejeros y magistrados sería por votación de una mayoría calificada, cinco por cada Cámara en el Congreso y seis votos en la Suprema Corte.
La iniciativa detalla cómo sería la elección del Consejo General del INEC, reduciéndolo de 11 consejeros a siete, y de la Sala Superior del Tribunal, que mantendría siete miembros. En ambos casos, el proceso de campaña sería de 70 días, sin precampaña, y se otorgaría acceso a tiempos de radio y televisión del Estado.
La elección extraordinaria de consejeros y magistrados se llevaría a cabo en un plazo no mayor a un año después de la entrada en vigor del decreto, según se establece en los transitorios.
Además, se propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la validez de las elecciones, en lugar del Tribunal Electoral como se hacía anteriormente.
La propuesta también aclara que el INEC será responsable de la integración del padrón y la lista nominal de electores.
Para el financiamiento de los partidos políticos se modifica la fórmula, reduciendo a la mitad el dinero público que reciben, y se establecen topes en las aportaciones de privados a los partidos. También se cambia la distribución de tiempos de radio y televisión, y se proponen spots de un minuto en lugar de 30 segundos.
En el caso de consultas populares, podrían ser vinculantes si participa al menos el 30 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, en lugar del 40 por ciento actual.
La propuesta también busca reducir el número de sindicaturas y regidurías, así como de diputados locales, y extiende el plazo para que el Congreso expida una ley única en materia electoral de 90 a 180 días.
El INE ha ofrecido apertura al diálogo y al debate público sobre esta propuesta de reforma electoral, pero señala que ello deberá realizarse después de la celebración de las próximas elecciones, tanto federales como locales.