La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional solicitaron al Congreso no aprobar la reforma que busca transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta reforma ha generado preocupación entre diversos organismos civiles y expertos debido al incremento del rol del Ejército en tareas de seguridad pública.
La propuesta, impulsada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, modifica 12 artículos de la Constitución. El cambio establece que el personal de la GN será de origen militar, con formación policial, y que podrá investigar delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Además, la GN estará integrada por personal militar y marino, y dependerá de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El representante adjunto de la ONU en México, Jesús Peña Palacios, envió una solicitud a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que reconsideren la aprobación de la reforma. Argumentó que la medida podría afectar los derechos civiles y destacó la necesidad de priorizar un enfoque civil en la seguridad pública.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que, aunque la iniciativa intenta responder al debilitamiento de las policías civiles, el remplazo por las Fuerzas Armadas no es una solución adecuada. Además, subrayaron que la propuesta contradice las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, recomendando abandonar el enfoque militarizado en la seguridad pública.
