La Fiscalía expuso el marco normativo para los delitos electorales, explicando cuales son las conductas por acción u omisión que pueden constituirse en faltas administrativas o delitos penales que se castiga con prisión
Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución en Materia de Delitos Electorales tuvo una destacada participación en la capacitación denominada “Blindaje Electoral”, diseñada por la Secretaria de la Función Pública y otorgada a las y los servidores públicos a través del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Durante esta capacitación, la Fiscalía expuso el marco normativo para los delitos electorales, explicando cuales son las conductas por acción u omisión que pueden constituirse en faltas administrativas o delitos penales que se castiga con prisión.
Explicaron que “los delitos electorales son todas aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la de la función electoral y que atentan contra las características esenciales del voto que debe ser”.
A las y los servidores públicos se les hizo saber que las conductas sancionables son; votar ilegalmente, obstruir el proceso electoral, presionar o inducir al electorado a votar o no, por alguna opción electoral, manipular resultados, difundir información falsa, entre otras, pero, sobre todo, tratándose de servidores públicos, disponer de recursos públicos a su cargo, de sus subordinados o condicionamiento de apoyo para beneficio de una opción electoral.
Entre las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, está la prevención, investigación y persecución de los delitos establecidos, conforme a lo dispuesto en la Ley General en Materia de delitos electorales.
Las funciones de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución en Materia de Delitos Electorales, es recibir denuncias y realizar la investigación de los hechos que pudieran constituir delitos electorales; resolver sobre medidas cautelares o de protección a las víctimas, así como realizar que resulten necesarias para acreditar el Delito y ejercitar acción penal, entre otros actos procedimentales relacionados con delitos electorales.
