Investigadores y expertos en anticorrupción han expresado preocupación por la propuesta de que el Gobierno se convierta en su propio revisor de transparencia. Esta iniciativa, que permite al Gobierno decidir qué información se entrega y cuáles datos se difunden «proactivamente», ha sido vista como un retroceso en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. María Marván Laborde, primera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), advirtió que esto podría significar una «nueva etapa de opacidad», y que recuperar los derechos perdidos podría llevar años o incluso décadas.
La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla que las funciones del INAI se integren a una nueva Secretaría Anticorrupción. La investigadora de la UNAM, Marván, subrayó que Morena y sus integrantes no han promovido medidas en favor de la transparencia. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, destacó que el problema radica en que el Gobierno asuma el papel de regulador y no de sujeto obligado. Según Bohórquez, los sistemas anticorrupción requieren mecanismos de control internos, ya que cualquier administración es falible y puede actuar contra el interés público.
El ex presidente del IFAI y primero del INAI, Gerardo Laveaga, recordó que el instituto ha revelado casos significativos, como el gasto en toallas de lujo durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, señaló que la falta de facultades para obligar al Gobierno a proporcionar información ha limitado su efectividad. Durante su gestión, las instituciones proporcionaban la información que consideraban conveniente, y no existían mecanismos para hacer obligatorio el cumplimiento de las órdenes del INAI.
Laveaga también planteó dudas sobre el carácter autónomo que tendría la Secretaría Anticorrupción en la práctica. Cuestionó si esta nueva dependencia tendría la capacidad de exigir a la Presidencia la entrega de información cuando fuera necesario. Marván destacó que el INAI fue producto de una demanda ciudadana y no una creación del «neoliberalismo», como lo ha afirmado el presidente López Obrador. En este contexto, recordó que figuras como Javier Corral y Jenaro Villamil participaron en la exigencia de su creación desde el Grupo Oaxaca.
Finalmente, Laveaga señaló que, aunque se ha argumentado que el presupuesto del INAI es elevado, el problema real radica en la intención de no informar. Comparó la situación con la impunidad de los delitos en México, indicando que la solución no es eliminar los órganos de control, sino fortalecerlos.
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