Entre los varios pendientes que existen en el caso a más de una década de distancia, el que más duele a los padres de las niñas y niños afectados, según García, es la falta de castigo a los responsables pese a que ya se han dictado sentencias, así como las deficiencias en las indagatorias que persisten hasta la fecha.
En 2016 un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas – entre exfuncionarios del IMSS y particulares – por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, e impuso penas de prisión que fueron de los 14 hasta 30 años de prisión.
Un año mas tarde, y tras revisar varios recursos de apelación, el Tercer Tribunal Unitario en Sonora ratificó las penas de prisión en contra de todos los detenidos.
Sin embargo, los implicados no fueron detenidos ni encarcelados ya que promovieron diversos juicios de amparo alegando que la sentencia impuesta fue excesiva. Por su parte, las victimas también promovieron amparos para que no se revirtieran los procesos.
Ante la trascendencia del caso, los tribunales federales determinaron que debería ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que lo analizara, por lo que en 2018 le enviaron los expedientes.
El Máximo tribunal aceptó la competenciadel caso y los proyectos fueron repartidos en las ponencias de los ministros Jorge Mario pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara.
Pero hasta ahora no se ha resuelto ninguno de los amparos. Apenas el pasado miércoles 3 de junio se volvió a aplazar la resolución de uno de ellos pese a que ya estaba enlistados.
“La Corte tiene estos 15 amparos al menos que no ha resuelto desde hace mas de dos años. Y es triste decirlo, pero se suma a la cadena de incompetencias que ha habido hasta la fecha. Y aquí lo mas importante son que las penas se apliquen. Que sepas que lo que pasó tuvo consecuencias. Mientras la Corte no se pronuncie las sentencias no estarán firmes y por lo tanto no hay nadie en la cárcel. No hay castigo a los responsables y continua la impunidad”, dice García Quintana.
El vocero de los padres agregó que la definición de la Corte es importante, además de las sentencias, por el mensaje que los ministros pueden enviar hacia el resto de las autoridades que, hasta ahora, no han cumplido con una respuesta acorde al tamaño de la tragedia.
Un crimen de Estado… que no importa
En 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que lo ocurrido en la Guardería ABC era un caso de graves violaciones a los derechos humanos en el que había responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, y que como tal debería ser indagado de forma exhaustiva y hasta sus últimas consecuencias.
A partir de esa fecha y a lo largo de los años tanto las autoridades locales, así como la entonces PGR hoy Fiscalía General de la República (FGR), han hablado de explorar nuevas líneas de investigación, entre ellas, la relacionada con que el incendio pudo ser provocado con la finalidad de eliminar documentos del gobierno estatal que se encontraban en una bodega contigua a la guardería.
La ultima vez fue en septiembre del año pasado, cuando el director del IMSS Zoé Robledo ofreció a los padres ampliar la denuncia presentada por el caso, con la finalidad de que la indagatoria alcance al exgobernador del estado Eduardo Bours y a otros 13 funcionarios que no han sido parte del proceso, así como a diversos particulares.
“Pero todo ha sido una burla en estos años. Una tomada de pelo. Llevamos ya cinco procuradores distintos y ahora un fiscal a nivel federal y lo único que han mostrado es que no les importa. Este crimen ocurrió en una guardería subrogada del IMSS, hay funcionarios implicados. Es un crimen de Estado, pero no les importa” dice García Quintana.
El vocero de los padres de la guardería dijo que temen que varios de los delitos ya estén prescritos y por lo tanto no pueda hacerse nada, situación que tendría que ser aclarada por el fiscal General, Alejandro Gertz Manero. El problema es que no ha querido hablar con ellos.
“No lo hemos podido ver ni una sola vez desde que está en el cargo. La verdad es que este caso parece no interesarle pese a que también es un crimen de Estado. En diciembre (de 2019) el presidente López Obrador nos dijo que el sería el puente con el fiscal para que nos atendiera. Pero ni aun con eso ha pasado” señaló García Quintana.
Cien familias sin reparación; ley incompleta
Otro de los grandes pendientes a 11 años de la tragedia en la Guardería ABC es el de la reparación del daño. Más de cien familias han promovido igual número de amparos en contra de jueces penales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por esta situación, algunas de las cuales también han llegado a la Corte, sin que hayan sido resueltas.
La abogada Reyna Velasco resume este problema en dos aristas principales. Una de ellas tiene que ver con la condena que un Tribunal federal ratificó en 2017 en contra de los implicados, pero en la que no se fijó un monto de reparación del daño, sino que se delegó esa facultad a otro juez previa realización de nuevos estudios a los familiares.
La litigante dijo que lo anterior es revictimizante y una artera violación al derecho de una justicia pronta y expedita, además de que retrasa innecesariamente la entrega de apoyos a familias que ya han esperado demasiado.
Por otro lado, están las indemnizaciones que deben recibir las familias de niños que fallecieron, así como los programas de apoyo para las familias con niños lesionados, todo ello en su calidad de victimas de violaciones graves a derechos humanos. En este caso toca a la CEAV fijar los montos, pero en todos los casos lo ha hecho de forma incorrecta, lo que ha obligado a promover amparos.
“El problema es que las resoluciones no han sido satisfactorias para las victimas, pues como los mismos jueces lo han señalado cuando la CEAV realiza el plan de reparación deja de observar algunos aspectos específicos, lo que trae como consecuencia que no se pueda considerar que se ha reparado el daño” dice la litigante.
Otro pendiente relevante tiene que ver con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil popularmente conocida como “Ley 5 de Junio”, promulgada en 2011 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, peor que hasta la fecha aun no termina de implementarse.
José Francisco García Quintana dijo que hasta antes de la tragedia en la guardería solo existían mas que normas de referencia para la operación de guarderías o de asilos. Con la “Ley 5 de Junio” lo que se buscó fue establecer una regulación completa respecto al funcionamiento de las guarderías que por un lado prevengan que hechos como los del caso ABC se repitan, y por otro lado impulsen el desarrollo integral de los menores.
Se trata, añade García Quintero, de una buena norma pero que casi una década de distancia aún no termina por ser aterrizada a nivel estatal. Hay dos entidades que aun no armonizan sus legislaciones locales con la Ley General, y varios estados siguen sin emitir los reglamentos de estas, lo que complica su aplicación,
En ese contexto el movimiento de padres de la Guardería ABC, con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro están promoviendo desde hace varios años que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a la postre, pueda llegar a la Corte Internacional y conseguir así que la actuación del Estado mexicano sea examinada y, en su caso, juzgada.
Con información de Excélsior
