En ese contexto, el magistrado del Tribunal Electoral federal Felipe de la Mata advirtió que las elecciones podrían ser anuladas por la violencia
Seis estados presentan un riesgo significativo de intervención del crimen organizado en las próximas elecciones del 2 de junio, según el informe elaborado por Integralia Consultores sobre violencia política. Estos estados son Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y Jalisco. El informe destaca que los grupos criminales buscan controlar los gobiernos locales para garantizar su impunidad territorial.
Integralia señala que la mayoría de los aspirantes políticos asesinados durante este proceso electoral buscaban cargos locales, como presidencias municipales, lo que refleja el interés de los grupos criminales por influir en los niveles de gobierno más cercanos a la comunidad. Estos grupos buscan el control local para obtener recursos y colaboración policial que les permita operar con impunidad y neutralizar a sus competidores.
Además, el informe advierte que la renovación de más de mil 900 presidencias municipales durante este proceso electoral representa un factor de riesgo adicional para la intervención del crimen organizado. Los municipios estratégicos con alta competitividad electoral son particularmente vulnerables, ya que los grupos criminales intervienen para proteger a sus candidatos y asegurar su influencia.
Entre los factores que aumentan la probabilidad de intervención del crimen organizado se incluyen la presencia de mercados ilícitos y conflictos armados entre grupos criminales, así como la debilidad del estado de derecho en algunas regiones.
Por otro lado, Integralia identifica un riesgo alto de intervención delictiva en ocho estados adicionales, mientras que otros ocho presentan un riesgo muy bajo.
La consultora sugiere medidas para reducir la violencia política y la influencia del crimen organizado a largo plazo, incluyendo el reconocimiento por parte de las autoridades de que el crimen organizado ya tiene un control significativo en ciertos territorios, el combate efectivo a los grupos criminales mediante la interrupción de sus fuentes de ingresos y estructuras de poder, y la flexibilización de los requisitos para anular elecciones con interferencia delictiva.
Sin embargo, señala que las instituciones de seguridad pública y judiciales actualmente carecen de la capacidad para frenar eficazmente la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.