Expertos y políticos han expresado su preocupación ante la decisión del Gobierno mexicano de retirarse de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), lo que señalan podría resultar en opacidad y estancamiento en la calidad educativa del país. Desde su lanzamiento en el año 2000, México ha participado en esta evaluación realizada por la OCDE, pero la decisión de no participar en la edición 2025 ha generado críticas y advertencias de retrocesos en la educación de los alumnos.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, sugirió que esta negativa podría estar relacionada con una intención del Estado de no rendir cuentas sobre sus avances en política educativa, mientras que expertos como Teresa Bracho, ex presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), señalan las posibles consecuencias adicionales de esta retirada, incluyendo la falta de participación en otras evaluaciones internacionales como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la UNESCO.
La decisión ha sido criticada también por legisladores y ex funcionarios, quienes consideran que la participación en la prueba PISA brinda información crucial para mejorar el sistema educativo del país, y su ausencia podría significar una pérdida de oportunidades para impulsar mejoras en la calidad educativa de México. Las críticas han abarcado desde cuestionamientos a la transparencia gubernamental hasta acusaciones de falta de interés en la educación por parte del Gobierno actual y su candidata, Claudia Sheinbaum.