Opinión.-
En días pasados el director general del Colegio de Bachilleres, Marco Licón Barraza anunció entre varias innovaciones que se llevaran a cabo en distintas áreas de los 31 colegios en el estado, la renovación obligatoria de los uniformes del alumnado a partir del próximo ciclo escolar.
Cambio que mermará el bolsillo de cientos de familias, pero que en “cambio” dejarán repletos los de Javier González Mocken, secretario de Educación y Deporte, el mismo titular de los bachilleres, Licón Barraza, así como al secretario de gabinete, Luis Serrato.
Es sabido que la venta de uniformes es el negocio redondo por excelencia, negociazo que deja cada 6 años. De por sí cada semestre es muy lucrativo al tener los padres y madres de familia que pagar inscripciones, cuotas, útiles, libros y lo que se amontone por cada maestro que lo solicite para su materia.
La orden está dada por el director, autorizada y cobijada por secretario González Mocken y bajo la total complacencia de la gobernadora Maru Campos y el cuarto en esto, que es “ganar, ganar” es el secretario de gabinete, Luis Serrato quien se embolsará 3 millones 200 mil pesos por adjudicación directa y él es el ganador, con una empresa “amañada”.
No hay que olvidar que el movimiento magistral salió de Licón Barraza, quien se ha visto envuelto en conflicto de intereses y corrupción, pues fue apenas en el 2020 cuando fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de robo, falsificación de documentos y peculado cuando fue Administrador General de la Aduana en la capital del estado, denuncia presentada por Estafeta en la carpeta de investigación FED/Chih/Chih/001426/2021.
