Ciudad Juárez.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de Senadores y Diputados, para que no se apruebe la disposición que plantee que los estados y municipios deban destinar recursos con cargo a sus presupuestos, en las leyes secundarias próximas a discutirse, analizarse y aprobarse en materia de la Guardia Nacional.
La petición fue planteada por el diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, quien señaló que una de las principales causas de la decadencia social es el aumento de la inseguridad, lo cual afecta en la vida de los ciudadanos.
Los gobiernos han implementado medidas y estrategias para el combate a la delincuencia, sin embargo, no se ha logrado la erradicación de la misma, señaló el iniciador.
Recordó que en días pasados, fue aprobado el dictamen para la creación del proyecto denominado Guardia Nacional, por medio del cual se daría apoyo a los estados y municipios para la prevención y combate de la violencia; para su implementación, se había señalado por parte del Ejecutivo Federal, que no costaría a los estados y municipios.
Continuó su participación al señalar que pese a lo dicho por el titular del Ejecutivo Federal, el contenido de la iniciativa, señala que las entidades federativas y los municipios, que requieran de la colaboración de la Guardia Nacional, aportarán proporcionalmente y con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación de los elementos que sean asignados y también solventarán los gastos de los hechos o situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración.
Es por lo antes mencionado, y dado a que estados y municipios tienen que enfrentar la inseguridad y violencia con los recursos que les son destinados y estos en la mayoría de los casos son limitados, por lo que se hace el llamado a la Cámara de Senadores y de Diputados para que se lleve a cabo un estudio a la Ley, en el sentido de no afectar más el presupuesto destinado a las entidades.