Esas pérdidas llenaron a miles de mexicanos de sufrimiento emocional y económico, dicen informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa basó la estrategia de seguridad en declararle la guerra al crimen organizado en 2006 y la violencia explotó. Hasta hace unas semanas, él tenía decenas de escoltas –ahora sólo 12– pagados por el Estado mexicano para resguardarlo; en cambio, al menos 53 comunidades del norte y sur del país quedaron semivacías porque familias abandonaron su hogar y estilo de vida huyendo de balazos, cobros de piso, secuestros, reclutamiento, amenazas o incendios de casas.
“Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa y le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Para esto en el pueblo ya se empezaba a salir la gente, todos tenían miedo. Dicen que eran como unos cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que eran más”, contó un niño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Un testimonio de Sinaloa compartió que en otro caso “el Comisario que se encontraba encargado de la seguridad del pueblo se salió antes que ellos”.
Luego de que personas o familias enteras han huido de manera involuntaria de sus hogares, sin sus pertenencias, en medio de balaceras, cobro de piso, secuestros, reclutamiento, amenazas, asesinatos e incendio de casas, al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se han ido quedando solas, las cuales están ubicadas en 36 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la CNDH. Con base en testimonios, el organismo detectó que el desplazamiento ocurre en familias o grupos de más de 100 personas.
La ausencia de cifras detalladas de poblados abandonados y de desplazamiento interno forzado refleja la falta de reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades, así como un bajo índice de denuncia por miedo o desconfianza. Lo único claro es que, sumado a la experiencia traumática de los conflictos armados, la separación de algunas comunidades de sus tierras ancestrales y la ruptura de sus tradiciones ocasiona en las víctimas un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico, determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre violencia por la actividad criminal diversificada de los grupos de narcotráfico y la instalación de megaproyectos, los principales efectos en quienes escapan buscando tranquilidad, de acuerdo con la CIDH, son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación.
Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí, contó a la CIDH un testigo del desplazamiento de 58 familias de la Sierra de Totoloapan, Guerrero.
A la CNDH, le narraron que un padre de familia de Sinaloa se quedó sin empleo en un lugar donde extorsionaban, secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos. La familia huyó y se sienten más seguros allá, “pero viven en una situación precaria, ya que no gozan de los mínimos servicios de agua, luz, alcantarillado… por lo que toleran vivir así, en vez de vivir inseguros”.
Como regla general, las personas desplazadas enfrentan condiciones precarias de vivienda en los lugares en donde se han reubicado posterior al desplazamiento, expuso la CNDH.
Con infromación de Sin Embargo