La International Chamber of Commerce México (ICC) ha lanzado una advertencia contundente sobre el paquete de reformas propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que estas medidas representan una amenaza directa para el modelo democrático y suponen un desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un comunicado emitido este lunes, la ICC instó a los legisladores a reflexionar sobre los peligros inherentes a estas reformas, que podrían socavar las instituciones encargadas del combate a la corrupción. La organización enfatizó que estas reformas ponen en riesgo la integridad del modelo democrático y plantean la desarticulación de instituciones cruciales. Por ello, hizo un llamado al Congreso y a la sociedad en general a valorar los riesgos planteados y a fomentar un diálogo constructivo al respecto.
La ICC respaldó sus argumentos con datos de Transparencia Internacional, que sitúan a México en el puesto 26 de 186 países en cuanto a percepción de corrupción a nivel mundial. En este contexto, criticó especialmente la iniciativa que busca eliminar organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha desempeñado un papel fundamental en la revelación de casos de corrupción de gran envergadura, como el escándalo de Odebrecht.
Asimismo, la ICC cuestionó la reforma propuesta para el Poder Judicial, que según sus análisis implicaría un debilitamiento significativo de la institución al modificar los mecanismos de selección de ministros y magistrados, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. La organización advirtió que eliminar la actual Suprema Corte y sustituirla por una nueva integración conlleva un riesgo evidente para el equilibrio de poderes, especialmente en lo que respecta al poder encargado de determinar los límites de las autoridades frente a los derechos de los ciudadanos.
Por último, la ICC rechazó la propuesta de integrar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la Secretaría de la Función Pública (SFP), argumentando que esto podría dar lugar a una visión que permita y proteja la corrupción de manera implícita.