De manera unánime, los miembros de la Primera Sala descartaron cualquier duda sobre la imparcialidad de Pérez Dayán y Aguilar Morales en relación con la votación de dicho asunto, actualmente en manos de la ponencia de Javier Laynez Potisek y su posterior resolución por la Segunda Sala.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener), había argumentado que los ministros podrían tener un conflicto de interés debido a su afiliación al Instituto Mexicano del Amparo, entidad que ha impulsado diversos juicios contra las modificaciones legislativas propuestas. Según esta perspectiva, se cuestionaba la imparcialidad de los ministros en la mencionada votación.
En 2021, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por la administración de López Obrador. Esta legislación busca restringir la participación del sector privado en la generación de electricidad en México, asegurando una posición preponderante para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en dicho sector.
El amparo en cuestión, presentado por Eléctrica del Valle de México, motivó el intento del gobierno federal de excluir a los ministros Pérez Dayán y Aguilar Morales.
De haber sido aceptado por la Primera Sala, estos ministros habrían quedado inhabilitados para abordar cualquier otro asunto relacionado con la mencionada reforma, dejando la votación en manos de solo tres integrantes de la Segunda Sala: Javier Laynez, Yasmín Esquivel (nombrada por el presidente López Obrador) y Lenia Batres (designada directamente por el mandatario federal).