Según información del Instituto de Estudios de Políticos, el Centro de Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá, México tuvo la obligación de pagar hasta 242.9 millones de dólares a nueve empresas transnacionales gracias a la gestión de la oposición mientras estuvo en el poder los últimos 16 años antes de la llegada de AMLO.
Se conoció que ese monto fue cancelado por demandas que se vinculan al arbitraje supranacional en tribunales a puerta cerrada, estas denuncias presentadas por distintas empresas generalmente buscan herir a los países del continente latinoamericano que buscan ayudar a aquellos que se sienten afectados por el trabajo en estas trasnacionales de Estados Unidos, España, Canadá y Francia.
En el caso de México, se ha visto afectado por este tipo de demandas en 4 oportunidades, la primera de ellas se gestó en el año 2010cuando la trasnacional canadiense Blackfire Exploration, iba a presentar una demanda por más de 800 millones de dólares por el cierre de una de sus minas ubicada en Chiapas, pero el proceso no siguió y la denuncia fue retirada en 2017.
El segundo, se presentó en el año 2016, cuando se celebraba la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], en este caso la empresa Primero Mining, también dejó claro la intención de hacer una demanda ya que alega que el gobierno federal de turno quería aumentar los impuestos por sus ventas de planta, no obstante, se detuvo en 2018 ya que pudieron negociar con el país y llegar a un acuerdo.
El tercer caso, fue en septiembre del año pasado, la empresa americana Legacy Vulcan, LLC, quería presentar una demanda alegando un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo, cabe destacar, que esta querella no finalizó en feliz término y México se vio obligado a cancelar más de 500 millones de dólares.
La más reciente, fue presentada por la empresa canadiense Odyssey Mineral Exploration, quien exige un monto de 3 mil 540 millones de dólares, ya que el gobierno de México no le aprobó los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato, cabe añadir, que estas cláusulas se mantienen vigentes para nuestro país por lo que la demanda puede continuar.
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Con Información de: Polemón mx