El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer su intención de desaparecer todos los organismos autónomos, argumentando que considera que estos solo benefician a intereses particulares. Su iniciativa forma parte del paquete de reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero y afectaría a entidades como la CRE, INAI, IFT y Cofece.
Legisladores de la oposición, expertos y miembros de estos organismos han expresado su intención de defenderlos, ya que desempeñan un papel crucial al garantizar contrapesos, el acceso a la información pública y la regulación de actividades económicas, entre otras funciones.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por ejemplo, es responsable de asegurar que cualquier entidad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos proporcionen información pública solicitada por los ciudadanos.
Otros organismos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), regulan los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se encarga de supervisar, fomentar y asegurar la competencia en el mercado; mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene como objetivo promover la competencia y proteger los intereses de los usuarios, entre otras responsabilidades.
López Obrador ha reiterado su opinión de que los organismos autónomos son una “farsa” y ha insistido en que su gobierno no desea mantener un poder paralelo a nivel formal y real, como supuestamente existía en administraciones anteriores.
El Presidente anticipó que entre los organismos que busca eliminar se encuentran “alrededor de seis” del sector energético, a los que calificó como facciosos, costosos y contrarios a los intereses populares.
Los diputados de la oposición han descartado la aprobación de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo para eliminar los organismos autónomos. Algunos han planteado preocupaciones sobre la posible inconstitucionalidad de estas propuestas y han señalado que la desaparición de estos organismos no serviría para resolver problemas presupuestarios, sino que podría considerarse un “golpe de Estado constitucional”. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, ha mencionado que, hasta ahora, no ha escuchado que se pretenda eliminar todos los organismos institucionales, sino que se ha destacado especialmente la inoperancia y vacuidad del INAI.