El oscuro panorama de la violencia política en 2024
A solo 72 horas de que comiencen oficialmente las campañas electorales presidenciales, la violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes. En lo que va del año, se ha registrado un asesinato de candidato, político o activista cada cuatro días, revelando una escalada preocupante de violencia en el ámbito político.
El día de ayer, se reportaron los trágicos asesinatos de Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán. Este es el segundo caso de un candidato morenista ejecutado en la localidad, después del fallecimiento de Dagoberto García, líder del partido en Maravatío, quien había sido reportado como desaparecido desde octubre del año pasado. En Guerrero, Omar Jalil Flores, ex Alcalde y ex diputado local priista, quien nuevamente busca la Alcaldía de Taxco, fue víctima de un intento de secuestro mientras circulaba por la carretera Iguala-Cuernavaca, a la altura del Municipio de Buenavista.
Estos trágicos incidentes se suman a la lista de 14 aspirantes a alcaldías y diputaciones locales y federales que han sido asesinados en el país en lo que va del año. La mayoría de los partidos políticos han sido afectados, con casos que involucran a militantes de Morena, MC, PRI, PAN, PRD, PVEM, así como otros que buscaban a sus compañeros desaparecidos. Además, se han reportado tres atentados donde los políticos resultaron ilesos.
El análisis de consultorías y organizaciones electorales advierte que este proceso electoral se percibe como más violento que en campañas anteriores. Según el Laboratorio Electoral, un grupo integrado por académicos, la lista de asesinatos se ve ampliada con otras veinte personas relacionadas con el proceso, incluyendo encuestadores, funcionarios y familiares de aspirantes. La Consultora Integralia ha destacado que las bandas criminales están atacando principalmente a los aspirantes a alcaldías como una forma de controlar las localidades.
Ante esta situación preocupante, el INE ha establecido en colaboración con el Gobierno federal un “mecanismo de protección a candidatos”, donde las peticiones de vigilancia de aspirantes a diputados y senadores deben ser analizadas y aprobadas por la Guardia Nacional. Sin embargo, queda claro que se requieren acciones más contundentes para garantizar la seguridad de los actores políticos y preservar la integridad del proceso democrático en el país.