Ahora que Javier Corral se ha convertido en todo un morenista -reafirmando su espíritu traicionero-, enfrenta una nueva acusación, ahora en la Secretaría de la Función Pública, y es que, dicen que el ex gobernador antes de entregar a Maru Campos la administración, se encargó de mandar hacer un montón de artículos escolares y uniformes, con los logos de “Unidos Con Valor”.
El problema, según comentan, es que nunca los entregó y por el contrario, los mandó ocultar en algunas bodegas, esperando el momento indicado para sacarlos a las calles.
Ahora, en tiempo electorales, el cínico y flojo, decidió comenzar a sacar esos productos para repartirlos a su nombre y el de Morena, en la Sierra Tarahumara, claro, en donde a la gente le importa un comino la política y sólo desean vivir en paz y con algo de dignidad.
Corral nunca imaginó que el chisme llegaría a oídos del presidente del Gran Consejo Supremo de la Sierra, quien se aprontó en una remota comunidad para ver qué estaba sucediendo, pero lamentablemente, al darse cuenta, los abusivos corruptos, huyeron del lugar, pero dejaron un montón de “recuerditos” pagados con el dinero de los chihuahuenses y que ahora sirven para campaña de Corral y Morena.
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Otro asunto de creciente preocupación para los miembros de Morena, es la investigación en curso contra Juan Carlos Loera, relacionada con presuntos actos de corrupción dentro del programa de Bienestar en Chihuahua. En un desarrollo reciente, dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llegaron a la capital del estado para llevar a cabo la investigación en cuestión.
Es importante destacar que la resolución de este problema no parece ser una prioridad del Gobierno Federal, sino que se ha logrado mediante el uso de amparos legales, lo que ha forzado a la dependencia federal involucrada a tomar medidas concretas.
La gravedad de la situación radica en el inicio de la recopilación de testimonios por parte de los agentes federales, quienes están recabando declaraciones tanto de personas perjudicadas por posibles actos de corrupción como de testigos que podrían arrojar luz sobre las alegadas irregularidades llevadas a cabo por Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez a lo largo de varios años. Dichas acusaciones apuntan a presuntos desvíos de fondos destinados a miles de adultos mayores beneficiarios de los programas del Bienestar.
Este caso continúa desarrollándose y requerirá una atención continua por parte de las autoridades, ya que estos presuntos actos de corrupción dentro del programa de Bienestar, tienen implicaciones significativas para la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
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Hablando de apoyos sociales, Carla Rivas, secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, anunció con bombo y platillo el programa de Apoyos Alimentarios para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
Dicen los que saben, que la diputada con licencia se encargó de encabezar el anuncio -lo que nunca-, para que la prensa le preguntara sobre sus aspiraciones políticas.
Con esto pretende hacer buya para que ahora que le cancelaron su precandidatura por el Senado de la República, de perdido la dejen aspirar a una diputación federal o ya de jodido, buscar la reelección para el distrito que nunca trabajó.
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Derecho de réplica.
El día de ayer comentamos en nuestra columna, que a María Ávila al parecer la habían sacado a empujones del restaurante Época junto con un tal Martín. La ex diputada nos buscó y dio su versión… Dijo que a ella no la sacó el gerente del Época -quien resultó ser el dueño- y menos a empujones, que al que sacó a gritos y empujones fue al tal Martín -de la “xeu”- por pleitos fuertes que ella dice desconocer, pero que al parecer tiene que ver con abuso de confianza. Que ella sí estuvo ahí, pero que llegó cuando la plática entre ellos ya estaba candente, y que ella solo trató de calmar los ánimos y fue por eso que pareció que ella estaba involucrada en el zafarrancho…
