El Gobierno de Nicaragua tomó la decisión de cancelar la personalidad jurídica de 25 organizaciones de la sociedad civil, confiscando los bienes de 12 de ellas. Este acto representa un duro golpe a la sociedad civil en el país, que ya ha visto el cierre de alrededor de 3,500 organizaciones desde las protestas de 2018 contra el Presidente Daniel Ortega.
Confiscación de Bienes y Cancelación de Personalidad Jurídica
Una resolución emitida por el Ministerio de Gobernación (Interior) señaló el incumplimiento de obligaciones legales por parte de 12 organizaciones de la sociedad civil, debido a la falta de reporte de sus finanzas. Como resultado, se ordenó la confiscación de sus bienes, que pasarán a manos del Estado según lo indicado en el diario oficial La Gaceta.
Otras 13 Organizaciones con Disolución Voluntaria
Adicionalmente, el Gobierno canceló la personalidad jurídica y el registro de otras 13 organizaciones que habían solicitado su “disolución voluntaria”. Algunas de estas solicitudes se basaron en la finalización de proyectos, dificultades económicas o falta de fondos. En este caso, sus bienes no fueron incautados.
Efecto en Organizaciones Religiosas y de Atención a la Población
La lista de las 12 organizaciones cuyos bienes fueron confiscados incluye organismos religiosos católicos y protestantes, así como organizaciones dedicadas a la atención de la población, como una asociación de mujeres discapacitadas.
Antecedentes de Duras Leyes y Protestas de 2018
Las leyes que rigen a estas organizaciones en Nicaragua se han vuelto más restrictivas, especialmente después de las protestas de 2018. Estas manifestaciones, que duraron tres meses y dieron lugar a bloqueos de calles y enfrentamientos entre opositores y oficialistas, resultaron en más de 300 muertes, según la ONU.
Relación Tensa entre la Iglesia Católica y el Gobierno
Durante este período, la relación entre la Iglesia católica y el Gobierno se deterioró, y varias organizaciones vinculadas a la Iglesia fueron cerradas, incluyendo la orden de los Frailes Menores Franciscanos y la Compañía de Jesús, además de la confiscación de la universidad jesuita de Managua y una residencia para sacerdotes aledaña.
Alegaciones de Financiamiento de Protestas de 2018
El Gobierno de Nicaragua ha alegado que algunas organizaciones de la sociedad civil financiaron las protestas de 2018 con el propósito de derrocar al Presidente Daniel Ortega.
Consecuencias: Exilio y Expulsión de Opositores
Como resultado de estos eventos, miles de nicaragüenses han tenido que exiliarse. Además, 222 opositores presos fueron expulsados del país en febrero pasado, perdiendo su nacionalidad nicaragüense y sus derechos ciudadanos de por vida. Esta medida ha suscitado preocupación y condena por parte de la comunidad internacional.