La infiltración de morenistas sureños en la marcha del 8M para generar violencia y disturbios, -sobre todo contra el Palacio de Gobierno-, la siguen negando los líderes morenistas, e insisten en que no fue así, aunque ese haya sido su actuar desde los inicios del Movimiento de Regeneración Nacional.
Pese a esta realidad, el gobierno de Maru Campos presentó a un chihuahuense como el responsable del incendio, quien en varios videos aparece aparentemente drogado y acosando a mujeres manifestantes.
Maru ya advirtió que se seguirán analizando los videos e identificando personas, situación que está respaldando la propia Fiscalía de Distrito Zona Centro por medio de Francisco Martínez.
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Todo este asunto del Palacio de Gobierno, originó el agarrón que se dieron el dirigente estatal del PAN, Gabo Díaz y el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada.
El azul fue quien empezó, pues aseguró que Morena estaba detrás de los disturbios en la marcha feminista, luego el diputado guinda, hizo lo propio calificando esas declaraciones como irresponsables.
“Al tren se subió” la ex panista María Antonieta Pérez Reyes y el coordinador blanquiazul Alfredo Chávez, cada uno respaldando a los suyos.
Al final, muchas jóvenes chihuahuenses que participaron en la marcha, coincidieron en que el PAN, Morena y en general los partidos políticos, no cambian y siempre buscan la manera de hacer que las cosas se traten de ellos, pues todos dejaron en segundo plano la problemática que viven las mujeres en Chihuahua y en el país en general.
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Furiosos están todos en Palacio de Gobierno por la liberación del ex fiscal que acusaban de torturador, Paquito González, quien, por órdenes de un juez federal, fue puesto en libertad al haberle modificado las medidas cautelares.
Aunque ya quedó claro que no se ha puesto en duda la probable responsabilidad de Paquito, en el caso de las víctimas de tortura, el juez federal sí decidió que la prisión preventiva como medida cautelar, era excesiva.
En el caso hay dos problemas, el primero, es que Paquito González está gozando de beneficios que él nunca otorgó a los acusados que caían en su jurisdicción, y todos terminaban imputados y dicen que, torturados.
El problema es que, por medio de Myriam Hernández y su Poder Judicial, pretenden combatir las irregularidades aplicadas en los expedientes X, con los mismos aparatos jurídicos que se utilizaron para pisotear las instituciones para cumplir los caprichos de Javier Corral.
